Queridos colegas: nuestro invitado especial de este sábado, Gustavo Fernández, no podrá estar presente debido a una convocatoria urgente para encabezar una misión internacional especial. Sin embargo, nos envío un documento que resume las ideas que iba a exponer en aula.
Les ruego a todos leer este documento hoy día, para que trabajemos mañana sobre las ideas que trabaja y sus conclusiones.
Es importante que todos estén al día en la presentación de los tres trabajos que dimos las clases anteriores y, también, que hayan terminado la lectura de Fernando Savater y su Política para Amador.
Mañana es nuestra penúltima clase, no dejemos que los plazos venzan sin que tengamos nuestros deberes al día.
Un abrazo a todos. Nos vemos mañana.
Maggy
Estructura y coyuntura política.
Gustavo Fernández Saavedra.
Septiembre, 2009.
Los factores externos.
Relacionamiento externo de Bolivia.
Intereses nacionales y posicionamiento ideológico.
Se comete un error si se intenta examinar la política exterior del Gobierno del MAS desde la perspectiva económica o comercial.
Esas no son sus pautas de referencia. La lógica de su relacionamiento externo es esencialmente ideológica o política. El criterio central que guía esa postura es el antiimperialismo y la afirmación de la soberanía política frente a las imposiciones de los poderes externos tradicionales. Y el instrumento para conseguirlo es la asociación con países que se orienten por el mismo razonamiento. Las otras consideraciones, geopolíticas o económicas, son secundarias. Inclusive, los intereses nacionales históricos han tomado un segundo puesto en la agenda. Por eso se privilegia al ALBA o al UNASUR sobre la Comunidad Andina o el MERCOSUR. Por eso no atormenta la exclusión de las ventajas del ATPDEA o la ruptura de las negociaciones con la Unión Europea. Esos no son temas de la prioridad del MAS, simplemente.
El corolario lógico de esa política es la participación directa en el conflicto político regional, desde Honduras hasta el Perú. Bolivia forma parte de uno de los campos, el que trata de alterar, subvertir, cambiar, el orden regional tradicional. Y esa circunstancia augura varias fricciones diplomáticas y políticas en la medida en que la confrontación crezca. Ya se han producido varias con Estados Unidos, Colombia, México y Perú y no será extraño que hayan más o que las existentes se agudicen.
Pérdida de importancia estratégica.
Si el énfasis político es el primer rasgo discernible de la política exterior de Morales, en el mismo o mayor rango de significación, se tiene que registrar la pérdida de la importancia estratégica de Bolivia en el abastecimiento de gas natural en el Cono Sur.
En las gestiones de los gobiernos democráticos de la República de Bolivia, el interés estuvo esencialmente centrado en la apertura de mercados para las exportaciones nacionales. Por eso se negoció el ATPDEA con Estados Unidos y por eso se firmaron los acuerdos para la construcción del gasoducto Santa Cruz-San Pablo, que, a su vez, se tradujeron en el incremento sustantivo de las inversiones y de las reservas de gas. A comienzos de la década, mejoraron enormemente los precios de los mercados internacionales y la ubicación de Bolivia se convirtió en uno de sus principales activos geopolíticos, por su condición de proveedor de energía a los mercados de Brasil y Argentina y potencialmente al de Chile. Por eso, a las primeras señales de inestabilidad en Bolivia, llegaron presurosos representantes personales de los Presidentes de Brasil y Argentina y el propio Ricardo Lagos viajó hasta Santa Cruz al sepelio de Bánzer y a La Paz a la asunción al mando de Morales. Es que el gas de Bolivia era una variable crítica de sus planes de desarrollo.
La situación ya no es la misma.
El avance tecnológico en el transporte marítimo de LNG transformó al gas natural en un commoditie y lo liberó de la antigua dependencia de los ductos (que era una de las principales ventajas del emplazamiento geográfico boliviano). Chile y Brasil negociaron de inmediato con otros proveedores e instalaron plantas de regasificación que ya están en funcionamiento. Argentina está en el mismo proceso. El descubrimiento de la provincia petrolera y gasífera de la bahía de Santos –los depósitos del pre-sal --- dio un golpe definitivo. De ahora en adelante, Brasil no solo cubrirá su propio mercado (que es de lejos el mas importante de la región), sino que tendrá muchas ventajas para atender la demanda de Argentina y Chile. Si a esos datos se suma el descenso de las reservas nacionales de gas, por el repliegue de las grandes empresas petroleras del mercado boliviano –por voluntad propia o porque fueron empujadas para hacerlo – se tendrá un cuadro radicalmente diferente del anterior. Bolivia ya no es el proveedor indispensable de energía de la subregión.
Esto no quiere decir, por cierto, que Bolivia dejara de producir y vender gas. Pero si significa que perdió capacidad de negociación para obtener ventajas económicas y políticas, por su condición de fuente estratégica, que tuvo y perdió.
Bolivia, Perú.
Si la relación con el Norte está tirante y los vínculos con el Cono Sur han perdido la proximidad que alcanzaron, debe preocupar mucho el grado de deterioro al que han llegado los lazos de amistad con el Perú, secuela inmediata de la postura ideológica de la política exterior de Morales. No hay consideración aceptable de coyuntura que justifique el punto de descalificación personal y de agresión política al que se ha llegado, de ambos lados. Y nadie debe olvidar que el Perú, además de vecino, parte consustancial de nuestra propia identidad histórica y cultural, es un actor central en la solución de la demanda de reintegración marítima.
El grave enfrentamiento entre Bolivia y Perú, a propósito de la agitación campesina peruana y el otorgamiento de asilo a ex Ministros de Sánchez Lozada, añade combustible a un cuadro explosivo. El nivel retórico de la confrontación sube y baja, pero el sólo hecho de que se hubiera producido, obliga a reflexionar con seriedad sobre lo que pasó.
Es difícil encontrar precedentes de un distanciamiento tan agudo. Bolivia cuidó siempre la relación con el aliado de la Guerra del Pacífico, por razones históricas y geopolíticas, inclusive en periodos en los que las posiciones políticas eran muy diferentes.
La razón es el predominio de las expectativas políticas de corto plazo sobre los intereses nacionales permanentes, que caracteriza el gobierno de Morales, como ya se apuntó. Son dos visiones confrontadas. De un lado, Alan García, convencido de que los indicadores de crecimiento y reducción de la pobreza confirman el acierto de su decisión de seguir el ejemplo chileno, de inserción plena en la economía mundial. Del otro Evo Morales, al que nadie puede sacar de la cabeza que la causa de todos los males del continente es justamente el capitalismo y la inversión extranjera que tanto aprecia Alan García.
Pero no se trata sólo de dos visiones filosóficas diferentes, sino de una versión local de la confrontación de los dos proyectos de poder regional, cuya manifestación principal se presenta entre Venezuela, Ecuador y Colombia. Y que volvieron a chocar en Honduras. No hay que olvidar que, mucho antes de que Morales llegara al gobierno, Alan García y Hugo Chávez cruzaron insultos de grueso calibre. Es un juego peligroso. El hecho de que se produzca entre Bolivia y Perú, dos países vecinos, con una larga historia de amistad, pero también de diferencias y roces, debe ser motivo adicional de preocupación.
Bolivia, Chile.
Evo Morales y el MAS fueron los principales opositores al acuerdo de exportación de LNG por Patillos y los promotores de la política “ni un átomo de gas a Chile”, que se consagró en el referendo convocado por Carlos Mesa. Por eso sorprendió la calurosa relación que se inició con la presencia del Presidente Lagos en la posesión de Morales y que continuó con las numerosas entrevistas con Michelle Bachelet. No existe entre la concertación chilena y el MAS boliviano la sintonía política que distingue los vínculos con Venezuela. Sin embargo, como parte de una política de aproximación, Chile decidió ofrecer solidaridad inalterable al gobierno boliviano. El resultado directo de esa política fue la convocatoria de la primera cumbre extraordinaria de UNASUR, en la que se aceptaron las denuncias bolivianas de la existencia de movimientos separatistas y de la preparación de un golpe de Estado. Entonces se encomendó la redacción del parcializado Informe Matarollo sobre los acontecimientos de Pando.
El marco en el que se desarrolló el diálogo entre los dos gobiernos es el de la “agenda sin exclusiones”, acordada en Algarve (22 de febrero 2000), durante la administración de Bánzer y Frei.
Por cierto, cuando se concibió, ese diálogo tenía objetivos distintos para las dos partes.
Chile buscaba reducir la incómoda presión boliviana en los foros internacionales; ganar acceso a las fuentes de energía (gas natural) y de agua; ampliar sus inversiones y su presencia comercial en el mercado boliviano y, en la medida de lo posible, concluir el proceso de normalización de las relaciones, con el intercambio de Embajadores en La Paz y Santiago. Todo, por cierto, sin pagar el precio de una salida soberana al Océano Pacífico.
Para Bolivia, en cambio, su interés dominante era el mismo de siempre: avanzar sustancialmente en el proceso de negociación para recuperar su cualidad marítima soberana. Pero esta vez también buscaba ampliar mercados para sus exportaciones agrícolas y, sobre todo, afirmar su gravitación cultural, comercial y económica en el norte de Chile y el Sur del Perú (Iquique, Arica, Arequipa, Tacna e Ilo).
El “diálogo sin exclusiones” era pues un juego diplomático complejo en el que cada unas de las partes trataba de llevar a la otra a su terreno.
Esas dos posiciones quedaron claras desde el primer día en Algarve. Chile argumentaba que, para avanzar en el problema de fondo, debía crearse primero el clima de confianza apropiado, normalizando las relaciones y resolviendo los temas contenciosos pendientes. Actuaba en la suposición de que eventuales ventajas económicas harían olvidar o postergarían la discusión del planteamiento de reintegración marítima. Bolivia, por su parte, coincidía en que habían asuntos que debían tratarse con cierta urgencia, pero que no se iría muy lejos en el diálogo y que ningún arreglo parcial tendría sustentabilidad, si no había seriedad y certidumbre en el tratamiento de su demanda de reintegración marítima. Por cierto, Bolivia propuso la ejecución de un plan de desarrollo trinacional, que incluyera el Sur del Perú, el Norte de Chile y el Occidente de Bolivia, como el medio para encontrar solución definitiva a la herencia de la Guerra del Pacífico. Programas de desarrollo social y obras de infraestructura de caminos, ferrovías y aeropuertos, que ligaran la zona con el mercado del Brasil, por vías interoceánicas, crearían las condiciones para ese arreglo. A Chile le gustó la idea, pero postergó siempre la inclusión del Perú en esos planes.
Ese diálogo se repuso y se manejó discretamente entre los gobiernos de Bachelet y Morales.
Hasta que se anunció el pre-acuerdo del Silala, por el que Chile reconocía el pago de 5 de millones de dólares anuales, a partir de la fecha del convenio, por los flujos que utilizara de las aguas del Silala. No se tomaba una definición explícita sobre los derechos que reivindicaban los dos países, pero la redacción dejaba claro que se reconocía el derecho boliviano sobre un cincuenta por ciento de las aguas, lo que avalaba la tesis chilena de que era un río internacional de curso sucesivo y no una vertiente como había sostenido Bolivia hasta ese momento. Ese entendimiento preliminar fue duramente criticado por especialistas y organizaciones cívicas de Potosí. Finalmente, el gobierno boliviano dio un paso al costado y postergó la consideración del tema hasta después de las elecciones. Las organizaciones cívicas de Potosí dejaron claro que no aceptarían esos acuerdos, si es que no se reconocía explícitamente el derecho boliviano sobre la totalidad de las aguas y si no incluía el reconocimiento de la deuda histórica, por los flujos que fueron utilizados por Chile por más de un siglo.
Fue un mal comienzo para la primera presentación pública de los resultados de la agenda sin exclusiones. Pero entonces se produjo el siguiente incidente.
En una entrevista a La Tercera, reproducida en el Comercio de Lima de 26 de agosto 2009), el Presidente Alan García exigió que se revelara el contenido de las negociaciones que Bolivia y Chile llevaban “bajo la mesa” sobre el problema marítimo, ya que si se había avanzado sobre el corredor al norte de Arica, el Perú debía intervenir. Esa entrevista provocó un cruce de declaraciones punzantes entre las tres cancillería, categóricos rechazos a la posibilidad de que Chile pudiera aceptar cesión de soberanía a Bolivia y el desmentido formal de que se hubieran producido avances en ese tema, lo cual, por cierto, pone dificultades al gobierno de Morales para continuar el diálogo bilateral, ya afectado por la resistencia doméstica a los acuerdos preliminares sobre las aguas del Silala.
Haciendo eco a una solicitud de Alan García, el Presidente Correa, en su condición de Presidente Pro Témpore de UNASUR, indicó que podría incluirse la consideración del tema en una próxima reunión del organismo, extremo que Chile rechazó de plano. Bolivia guardó silencio.
El 4 de septiembre, en la misma Tercera, Mariano Fernández, dclaró que “un "recinto" o "instalación" sin soberanía es una fórmula que Chile y Bolivia han conversado en el marco de la agenda bilateral para resolver la aspiración de ese país de un acceso al océano Pacífico”. Agregó que no tenía sentido negociar el corredor mientras no se definiera el pleito en La Haya sobre delimitación marítima. Según se sabe Cobija sería el emplazamiento de ese “recinto” sin soberanía, que repone la “zona de administración autónoma” que se consideró durante el gobierno de Patricio Alwyn.
De esa manera, con esa carga de profundidad, Perú respondió al respaldo que Bolivia había dado a Chile en la delimitación de la frontera marítima en el Pacífico, en la que, sin fundamento, aceptó la tesis chilena de que la demanda peruana fue presentada ante la Corte Internacional de La Haya con la intención de cerrar el paso a la reintegración marítima nacional.
No se puede afirmar nada categóricamente, pero las posibilidades de reflotar esa negociación son bajas. Chile rechazará la condición sobre la propiedad boliviana del total de las aguas del Silala y ese diálogo se estancará allí. La opinión pública boliviana no aceptará la proposición del “recinto” sin soberanía. Y no habrán condiciones para intentar una negociación sobre el corredor, con el nuevo gobierno chileno (llámese Piñera o Frei, que ya se han pronunciado en contra) y en medio de las diferencias políticas con Perú.
Bolivia, Brasil.
Dos puntos de vista contrapuestos influyeron en la relación del gobierno de Morales con el Brasil. De un lado, la tradicional desconfianza del nacionalismo boliviano frente a los designios del subimperialismo lusitano (con la que se habían rechazado en su momento los planes de Bánzer y Geisel, para la creación de un polo de desarrollo siderúrgico y petroquímico entre Mutún y Puerto Suárez). Del otro, la circunstancia inesperada de que, esta vez, a la cabeza del gobierno vecino no estaba un general sino un obrero metalúrgico, jefe del PT, aliado de clase del MAS.
En la primera fase del gobierno, prevaleció la línea dura. No podía permitirse que PETROBRAS se apropiara de las reservas de gas de Bolivia. Y se procedió a nacionalizar el recurso, cumpliendo la promesa de campaña. La medida –que incluyó la ocupación militar de los campos-- tomó de sorpresa a Lula, que no esperaba que su amigo diera ese paso. Pero, aún así, reconoció esa afirmación de soberanía de Bolivia. Los factores de poder –Itaramaraty, las Fuerzas Armadas, los empresarios – y la opinión pública no tomaron las cosas con tanta filosofía. Borraron a Bolivia de sus planes y juraron no depender nunca más de la conducta de un vecino tan poco confiable. Firmaron acuerdos de abastecimiento de LNG de Argelia y Trinidad y Tobago y expandieron sus programas de exploración. Tuvieron mucha suerte y descubrieron uno de los campos petroleros y gasíferos más importantes del Continente. Después del pre-sal Brasil no sólo será autosuficiente sino que dominará el mercado de energía del Sur, a expensas de Bolivia, que vio esfumarse su condición de privilegio. El proyecto petroquímico de Puerto Suárez se postergó indefinidamente. Los planes de incorporación plena de Bolivia al MERCOSUR se dejaron caer, sin mucho ruido.
Pese a todo, Lula no abandonó políticamente a Morales. Lo apoyó siempre que pudo, aunque condicionó su asistencia a la reunión de UNASUR de enero de 2008, en Santiago, a la reposición del diálogo del gobierno con la oposición prefectural. Tampoco se repusieron los planes de desarrollo y mucho menos las inversiones que se anunciaron en la intensa movilización ministerial de los primeros meses de la relación.
La vinculación es ahora políticamente correcta. No tiene la intimidad que se insinuó al principio. Pero ninguno de los dos países olvida la realidad de la geografía. Bolivia, el país de menor desarrollo de América del Sur, tiene 3800 kilómetros de frontera con una de las potencias emergentes más importantes del mundo. Es, para Brasil, una reserva estratégica de recursos y puente de comunicación con el mundo andino, el Pacífico y el Asia. Para Bolivia, desde luego, Brasil es mucho más. No es una opción, es un destino. Su desarrollo estará irrevocablemente vinculado al de la potencia vecina. Y también su soberanía. Evoca la frase de “México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.
Bolivia, Venezuela.
En la comparación con Brasil, la importancia relativa de Venezuela en Bolivia, empalidece. La República lleva el nombre del Libertador y su capital el de Sucre. Su independencia no hubiera sido posible sin el apoyo de los Ejércitos Libertadores. Y Venezuela no cejó nunca en su solidaridad con la causa marítima boliviana. Ahora Chávez es el líder indiscutido de la causa bolivariana y antiimperialista que abraza Morales. Su amistad política no tiene fisuras.
Pero Venezuela está en el Caribe. Colombia se interpone en su relación con el mundo andino. Y el Amazonas lo separa de Bolivia. Tampoco tiene los recursos financieros y la experiencia petrolera que parecía vital para la industria energética de Bolivia, en un momento determinado, hace unos años. Contra lo que se suele pensar en los círculos internacionales, inclusive los bien informados, no hay en Bolivia ningún proyecto significativo de desarrollo, financiado y ejecutado con el apoyo de Venezuela. No hay nada comparable al programa de facilidades petroleras para los países centroamericanos y caribeños ni a la ayuda financiera a Cuba o Nicaragua.
Lo que si hay –y es muy importante – es cooperación financiera y técnica para seguridad, propaganda y represión. Su monto no debe ser muy alto, pero su impacto es muy grande, porque se maneja de manera absolutamente discrecional, sin ningún control estatal. Sustituye con creces los “gastos reservados” con los que el Estado manejaba estos asuntos en el pasado. El Presidente de Bolivia se desplaza en naves venezolanas, con seguridad venezolana, con la agenda y los contactos que le facilita Venezuela.
Bolivia, Estados Unidos.
Estructura política interna.
Cambios estructurales.
Cinco tendencias profundas marcan la sociedad y el Estado boliviano. Se desencadenaron al promediar el siglo XX, con la Revolución Nacional y se aceleraron con la llegada de la democracia y el cambio tecnológico.
La primera, producto de la reforma agraria, es la migración de población del campo a la ciudad, que ganó fuerza con la apertura de la frontera oriental. En la primera fase los flujos de dirigieron a las ciudades de La Paz y Cochabamba y, más tarde, a las de El Alto, Santa Cruz y Tarija. Ese proceso no ha terminado. Continúa. Aún hoy, dos décadas después de que este proceso se pusiera en movimiento, es muy difícil precisar la frontera entre el mundo rural y el urbano en la ciudad de El Alto o en los cinturones de la periferia de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.
Si se sigue la pauta del Instituto Nacional de Estadísticas, la población urbana, es decir la asentada en poblaciones de más de dos mil habitantes, llega al 63% del total nacional, el 2001. Si se hace un corte más exigente, como el que realizó Góver Barja de la UCB, calificando como centros urbanos a las aglomeraciones de más de treinta mil pobladores, la relación entre mundo rural y urbano será 50-50%, a la fecha de ese censo. Desde entonces, esa barrera también se ha cruzado con toda seguridad y la población urbana es mayor que la que vive en el campo, en cualquiera de los dos cortes. El convencional de dos mil habitantes o el de treinta mil.
La segunda corriente estructural es la apertura de la frontera oriental y la ocupación de las tierras bajas, herencia directa de la Guerra del Chaco. El camino Cochabamba-Santa Cruz abrió esa frontera. La expansión del horizonte agrícola en el oriente (consecuencia de la ampliación del espacio soyero de Goias y del centro sur del Brasil) y el colapso de la minería del estaño, en la gran crisis de las materias primas de los años ochenta, alimentó la diáspora de los relocalizados a la nueva frontera agrícola oriental y cambió el mapa demográfico y social del país. Como el campesino oriental es un obrero agrícola, que no está encadenado a su solar o a su comunidad, se instala en aglomeraciones urbanas. Por eso Santa Cruz es ahora la primera ciudad boliviana.
El cambio de matriz productiva, de la minería al gas y a la agricultura industrial de exportación, es la tercera tendencia. La agricultura oriental tiene suma importancia. Sus ventas externas igualan o superan a las de la minería. Sin embargo, la producción de gas natural es, de lejos, más significativa. Las reservas crecieron de 4 a 50 TLCs en menos de cinco años y las ventas de gas se convirtieron en la fuente principal de ingresos del país. La transformación del modo de producción no es un dato menor. Es un asunto sustantivo. Pero el dato geográfico que lo hace particularmente relevante para este momento político, es que las nuevas fuentes de producción se encuentran en el oriente y en el sur. Y estrechamente vinculadas con el Brasil.
También ha cambiado el eje de inserción externa de la economía nacional. Se ha “suramericanizado”. América del Sur (y especialmente el Brasil) es ahora el principal mercado para las exportaciones del país y uno de los centros más dinámicos de abastecimiento de manufacturas y conocimiento. Antes no era así. La exportación de la plata, el estaño y los otros minerales, estuvo siempre dirigida a los mercados europeos y norteamericanos y en esos centros se originaron los flujos de manufacturas, financiamiento, conocimiento e ideología que llegaron al país. La relación con los vecinos latinoamericanos, marcada por la desconfianza, se redujo en gran medida a la delimitación y defensa de las fronteras.
Al comenzar el siglo veintiuno, en cambio, los países andinos (Colombia, Ecuador, Venezuela) son el destino de las ventas de la producción agrícola oriental y los del Cono Sur (Brasil, Argentina, Uruguay, Chile) son los mercados naturales del gas. No se modifica sin embargo la naturaleza de la inserción externa. Bolivia sigue vendiendo materias primas y comprando manufacturas de valor agregado. Sólo ha cambiado la dirección de los flujos... y de la dependencia.
Esa enumeración es, por cierto, incompleta, si no registra la insurgencia de un movimiento popular, desde abajo, que irrumpe en el escenario político y lo domina. La incorporación de los campesinos y movimientos populares a la corriente central de la política boliviana es un acontecimiento de tal tamaño que la expresión sociológica de “sustitución de elites” resulta insuficiente. En verdad se trata del cambio de la clase dominante. O, mejor dicho, la inclusión plena de esos sectores a la lucha por el poder económico y político. Ha desplazado del escenario a las clases medias urbanas, por lo menos por el momento.
Ese desplazamiento del poder, secuela de una circunstancia excepcional --el colapso simultáneo de todo el sistema partidario--, contrasta con la tendencia estructural de urbanización del país y no podrá sostenerse. En algún momento, dará paso a otro equilibrio, más representativo de la configuración de la República, con alto grado de participación de sectores urbanos y rurales.
La confluencia de esas tendencias configura una verdadera transformación estructural del país. Su impacto en la sociedad y el sistema político nacional es notable. Resumamos.
Cambio del modo de producción. De la minería al gas y a la agricultura industrial de exportación.
Cambio de la estructura demográfica. Del campo a la ciudad y de occidente a oriente y las tierras bajas.
Fin del ciclo de hegemonía económica y política de Occidente. Surgimiento de un nuevo polo de poder.
Cambio del vector de inserción económica internacional. Brasil toma el lugar de Estados Unidos, como punto de referencia central.
Incorporación plena sectores rurales y populares en el centro del poder político.
La estructura institucional y política.
Como era de esperar, esas transformaciones han impactado también el sistema institucional y político del país.
Por cierto, el pedido, en la década de los años sesenta, de que se hiciera efectivo el pago del 11% de las regalías del petróleo producido en el Departamento de Santa Cruz, dispuesto en la gestión de Germán Bush, puso en marcha un proceso acumulativo de cuestionamiento de las relaciones de las autoridades locales con el gobierno central.
En la medida en que creció la importancia económica y política de ese Departamento, por la expansión de la frontera agrícola de la soya y, sobre todo, el tendido del gasoducto Santa Cruz-San Pablo y la multiplicación de las reservas de gas natural, el planteamiento de descentralización administrativa y política tomó fuerza y se extendió a los otros Departamentos productores. Ya no sólo se buscaba retener en su jurisdicción la mayor parte de los recursos generados por la producción de petróleo y gas, sino que se demandaba instalar los gobiernos departamentales, cuya existencia estaba reconocida por la Constitución. Es decir, del pedido de descentralización y gestión local de ingresos se pasó a la demanda de autonomía regional. De esa manera, el tema fue uno de los más debatidos de la reforma constitucional de 1992-1994, pero en esa ocasión se postergaron las soluciones. Más adelante, el año 2004, se convocó a la elección popular directa de Prefectos Departamentales y en 2006 se realizaron los Referendos Autonómicos que consagraron esa reforma. La presión regional llegó al punto de solicitar el cambio de la sede del Gobierno, desde La Paz a Sucre. La Constitución aprobada por Referendo en 2009, luego de un accidentado proceso, incorpora el régimen autonómico.
Después de 2005, las regiones occidentales se reagruparon en torno al MAS e introdujeron en el texto constitucional las autonomías indígenas, con el claro propósito de diluir y neutralizar las autonomías regionales. Por otro lado, con la nacionalización del gas y la refundación de la empresa petrolera estatal –YPFB—reconcentraron en la sede del gobierno la gestión de los recursos energéticos.
Esa es historia conocida. Lo que trato de subrayar es la relación de causa y efecto, entre el ya descrito cambio del eje de poder económico y la más profunda e importante reforma del sistema territorial y político que se haya producido en el país, desde la independencia.
El Estado centralista abrió campo al Estado autonómico y en el horizonte se perfila el Estado Federal. Esa es la primera consecuencia que debe registrarse. Una profunda alteración del régimen territorial del poder, que está lejos de haber terminado.
La otra tiene que ver con el sistema político.
Las organizaciones cívicas regionales encabezaron las iniciativas de la descentralización y la autonomía. Los partidos nacionales resistieron la demanda tanto como pudieron, pero de esa manera perdieron legitimidad local. El protagonismo político pasó a los Comités Cívicos y a las agrupaciones ciudadanas que representaban esas corrientes. En el otro lado del país, en occidente, la emergencia de las organizaciones campesinas y populares, que enarbolaban la bandera de la inclusión social, se llevó por delante lo que quedaba de los partidos tradicionales.
De esa forma, en la tenaza de las organizaciones cívicas del oriente y del sur y de los movimientos sociales de occidente, colapsaron los partidos políticos, CONDEPA, UCS, ADN, el MIR. En agosto de 2009, Podemos y el MNR, los últimos sobrevivientes del sistema tradicional, se vieron obligados a retirarse de la campaña, lo que no sólo significa que renunciaron a la posibilidad de luchar por la Presidencia, sino también a una bancada parlamentaria. La posibilidad de que se recuperen de este golpe es cercana a cero. De esa manera se produjo el final del sistema partidario que gobernó el país en los veinte años de democracia. Las figuras que compiten ahora, lo harán en nombre de agrupaciones ciudadanas, de base regional, no de partidos políticos de alcance nacional, con la importante excepción del MAS, que articula grupos sociales sumamente heterogéneos.
Al mismo tiempo, se ensancharon las brechas que dividen la sociedad boliviana. Las líneas de fractura entre el campo y la ciudad, entre clases sociales y entre las regiones andinas y las tierras bajas (no faltará el que agregue la ruptura étnica), se hicieron visibles y pasaron a dominar el debate político, en varios escenarios de confrontación y conflicto.
El resultado es un país dividido y enfrentado. Y el retorno de la antigua tradición caudillista boliviana, con la diferencia de que, esta vez, tiene base electoral. El caudillo ya no nace en un pronunciamiento o en un cuartelazo. Pero, como antes, el movimiento social se estructura alrededor de la figura y el mando del jefe. Depende de su voluntad. No hay una idea o un proyecto político que lo explique y articule. Es el restablecimiento de una relación patriarcal, en la que el cliente o el militante recibe protección y cuidado a cambio de su apoyo al caudillo.
De un brochazo, se borraron veinte años de construcción institucional y política.
Desde luego, la facilidad y hasta la naturalidad con la que se produce esta regresión es tan grande, que es fácil caer en la tentación de pensar que ésta, la caudillista, es la estructura política que efectivamente corresponde a la naturaleza de la sociedad boliviana. Y que los intentos de conformación de un sistema político a la europea, con partidos basados en la ciudadanía, en la adscripción voluntaria a un proyecto y a un programa, no hincaron raíz porque no podían hacerlo.
Pero, más allá de esas cavilaciones, el dato es que los partidos de la democracia desaparecieron y que el nuevo sistema político boliviano ha entrado en un período reconstrucción, del que probablemente emergerá uno diferente, con otros actores y otras características.
Debe añadirse que esa mutación se producirá en medio de una revolución tecnológica que ha cambiado la forma en la que la gente se comunica e interactúa. En efecto, ahora, el ciudadano toma conciencia de su situación y de sus derechos, se informa, se organiza, se moviliza, toma banderas, y actúa con mucha más rapidez y eficiencia que nunca, poniendo en jaque a la máquina del Estado. La sociedad muestra creciente impaciencia y menor tolerancia frente a la inequidad y a la injusticia.
En Bolivia, la economía de servicios y la economía informal, ligada al contrabando y al narcotráfico, han reducido a condición marginal el antiguo centro de trabajo industrial, núcleo de adoctrinamiento, organización y movilización social.
Por primera vez en la historia todo el mundo – en todo el mundo-- está políticamente activo. Y en consecuencia, los sistemas políticos –formales e informales-- son ahora infinitamente más participativos que en el pasado.
Resumiendo. El cambio del eje de poder regional, el proceso de urbanización y los flujos migratorios al oriente, se reflejaron dos procesos políticos simultáneos, la demanda de autonomía regional y la demanda de inclusión social. En el encuentro de esas dos grandes fuerzas, desaparecieron los partidos políticos tradicionales y se desencadenó una profunda transformación del sistema institucional y político del país, que tomará tiempo antes de concluir.
Los actores.
EL MAS.
Los movimientos campesinos tienen una larga historia en el país, desde los grandes levantamientos en la Colonia y en la República, hasta su participación directa en la Revolución Nacional, formando parte de la alianza de clases propiciada por el MNR. Sostuvieron por un tiempo la estructura de poder militar y luego comenzaron a explorar sus propios caminos, con la formación del MRTK y, más tarde, con las organizaciones sindicales cocaleras en el Chapare, núcleo alrededor del cual se estructuró el MAS, en compañía de los movimientos aymaras que comandó Felipe Quispe.
Evo Morales revivió la figura tradicional del caudillo, que se comunica directamente con las masas y las unifica en torno a su persona, antes que alrededor de un planteamiento o una propuesta. Galvanizó esas organizaciones, dispersas y hasta confrontadas, y las convirtió en un instrumento político. Utilizó eficientemente el espacio democrático y los medios de comunicación de masas para dar forma a su organización, primero, con el apoyo de ONGs antiglobalizadoras y más tarde en alianza estrecha con el movimiento nacionalista y popular de Venezuela.
Ganó su lugar en el juego democrático. Es cierto que no cree en la democracia, que la utilizó y que la está llevando a extremos peligrosos, como veremos más adelante. Pero no se puede desconocer su legitimidad democrática de origen.
Su base política y electoral la proporcionan los habitantes de las áreas rurales, que se conocieron como campesinos durante la revolución nacional y que han sido rebautizados como indígenas, para atender los caprichos intelectuales de antropólogos europeos.
Nadie que conozca la historia boliviana podrá olvidar nunca la explotación y discriminación que pesó sobre los habitantes originarios del Continente, mayoría absoluta de la población nacional, durante la Colonia y buena parte de la República. Pero tampoco podrá pasar por alto dos hechos. El primero, el largo proceso de mestizaje cultural y de sangre que se produjo durante cinco siglos, al punto que nadie puede hoy presumir de pureza étnica, de aria ni indígena, con excepción de los inmigrantes de última generación. El segundo, la inclusión social y política que comenzó con la Revolución Nacional, hace más de cincuenta años, y continuó en el ciclo democrático, uno de cuyos frutos, por cierto, es el Presidente Morales. No cabe duda que el mestizo es la base de la nacionalidad. “El cholo une al país, pasa por encima de las supuestas barreras de la media luna y de occidente, es el puente entre la cultura rural y urbana, es el núcleo básico de la nacionalidad boliviana, de la que se abre al siglo XXI”.
El intento revisionista que ahora se lleva adelante, se propone destruir la propia idea de la República y la nación boliviana, como entidad política que incluye a todos y que los une en torno a una visión común de su destino en América y pretende imponer la hegemonía de una cultura y de un sistema político que no existe y que, en realidad, nunca existió en la forma en la que se lo invoca. No logrará su intento, pero es difícil calcular el daño que ocasionará.
Esos asentamientos son el escenario de un fuerte conflicto cultural. En realidad, contra lo que frecuentemente se afirma, esa confrontación de valores y pautas de conducta, no es manifestación del choque de la cultura indígena (o de las culturas indígenas originarias) con la cultura occidental (o blancoide), sino de la contraposición de la cultura rural con la urbana, tal como ocurrió en otros momentos revolucionarios a lo largo y ancho del planeta (Francia, 1879). Al final, como lo enseña la historia, la ciudad y el mercado terminarán imponiéndose a la sociedad rural. Si se analizan los acontecimientos desde esa perspectiva, la propia insurgencia rural boliviana, que encarna Evo Morales, es un tardío intento de contención de la creciente e inevitable hegemonía urbana, económica, social, cultural.
De manera casi natural se sumaron a ese polo, los habitantes de los anillos periféricos de las grandes ciudades, formadas por la emigración del campo, que mantienen una estrecha relación con sus comunidades o lugares de origen. Y, por un momento, las clases medias urbanas se agregaron a ese núcleo duro. En el conjunto y en sus inicios, articularon un movimiento de proporciones y posibilidades enormes. A estas alturas, un sector importante de esas clases medias se ha desacoplado de esa constelación, con escasas posibilidades de retorno.
La adhesión de los sectores rurales de occidente con el proyecto del MAS es clara. Pero esa no es la situación de los campesinos de oriente. Hay desbordes cocaleros en las provincias fronterizas de Santa Cruz con Cochabamba con indudable influencia masista, pero en el resto de ese departamento y en el Beni y Pando, los campesinos ponen la lealtad a su región, por delante de la solidaridad de clase o etnia. Ahora mismo, los campesinos pandinos son los que más resisten los planes de asentamiento de poblaciones trasplantadas de las tierras altas, con fines políticos y electorales. Además, como ya se ha anotado, se trata de obreros rurales, con hábitos y cultura distintos a los del campesino de occidente, ligado a la comunidad y a la tierra.
El MAS se presenta con ideología nacionalista, indigenista y socialista.
Nacionalismo e internacionalismo. Proteccionismo y apertura. Ésta ha sido la contradicción principal de la política económica latinoamericana, desde la Colonia. De un lado los productores que abastecen el mercado local. Del otro, los vendedores de minerales y de productos agrícolas de exportación. Los primeros, reclamando protección para la producción nacional –agrícola y manufacturera--frente a la competencia de los bienes importados de ultramar (el mercado latinoamericano era virtualmente inexistente). Los otros, afirmando que debía sostenerse el sistema de libre comercio, para aprovechar las ventajas comparativas que resultaban de la dotación de recursos naturales en nuestros países. El resultado de la victoria de los sectores exportadores –consecuencia de la estrechez de los mercados nacionales, el bajo nivel de ingresos y la extrema desigualdad de las sociedades latinoamericanas-- fue la condición marginal de la inserción internacional de América Latina.
Los partidos tradicionales de Bolivia, que construyeron esta última versión del sistema democrático, en el momento unipolar de los Estados Unidos, luego de la caída del Muro, adoptaron sin espíritu crítico la versión ortodoxa de la economía de mercado y apostaron a una relación estrecha con la inversión extranjera, y terminaron por confundirse con los sectores de privilegio. El MAS aprovechó muy bien ese espacio y abanderó el rechazo a las corporaciones transnacionales y la influencia extranjera, con la nacionalización del gas, medida sumamente popular, como lo fuera la nacionalización de la Gulf en la década de los setentas del siglo pasado.
El gobierno del MAS es nacionalista en esa dimensión económica y política, de afirmación de la propiedad y control nacional de los recursos naturales. Esa posición es, sin embargo, contradictoria con su pretensión de dividir el Estado en 36 nacionalidades; su negativa a admitir la existencia de una nación boliviana y su afán de descalificar los avances de la revolución nacional y del sistema democrático. Un confuso razonamiento indigenista, hecho de medias verdades y mitos de creación reciente, completa el armazón ideológico del MAS.
La otra bandera teórica es la del “socialismo del siglo veintiuno”, que comparte con sus aliados de Venezuela y Ecuador. En realidad, este socialismo recuerda mucho al capitalismo de Estado y tiene poco que ver con la ideología y la práctica del campo socialista del siglo veinte. No plantea la propiedad colectiva de los medios de producción ni la planificación central de la economía. Lo que le interesa es el control estatal del sistema productivo y, en ocasiones, la propiedad estatal de las áreas llamadas estratégicas – energía, minería, telecomunicaciones, transportes –, que operan bajo las reglas de un mercado administrado. Los sistemas regulatorios, la administración cambiaria y las tasas de interés son instrumentos útiles para controlar las actividades de los empresarios privados. Como ocurrió antes, al amparo de estas reglas de juego, florece una nueva burguesía, que se beneficia de las ventajas que ofrece el sistema a sus operadores. Transfiere excedentes a otra clase social, que, de esta forma, comienza su propia acumulación de capital.
Desde luego, el desarrollo del proyecto gubernamental no se puede explicar sin una referencia a las condiciones económicas de la gestión. El gobierno del MAS se benefició, como otros países suramericanos, de una excepcional coyuntura de precios internacionales de materias primas, que crearon las condiciones para un quinquenio de prosperidad regional, como no se conocía históricamente. En todos los países de la zona los indicadores de crecimiento, superávits de balanza comercial, reservas monetarias, excedentes fiscales, reducción de la pobreza y disminución de la desigualdad, alcanzaron niveles insospechados. En todos los casos, cada gobierno se atribuyó la autoría de las políticas que permitieron esos éxitos. Eso también ocurrió en Bolivia.
Pero el momento de bonanza pasó, aunque el cambio de coyuntura económica no trajo ni traerá la caída catastrófica que esperaban algunos sectores, interesados en el fracaso del gobierno, aunque fuera a costa del bienestar general. Eso no ocurrirá, pero las flechas de los indicadores económicos y sociales mirarán hacia abajo, de manera sostenida en el futuro próximo. En el caso de Bolivia, el énfasis en la redistribución y la equidad social sobre la expansión y el crecimiento económico, acentuado por una política menos amistosa con la inversión extranjera y los empresarios privados nacionales, se traducirá en un menor dinamismo económico. Esa experiencia ya se vivió en el pasado, en los primeros años de la Revolución Nacional,
En el plano político, el proyecto del MAS muestra señales de vulnerabilidad, consecuencia de la resistencia de las ciudades y crecientes sectores de la población a su vocación de hegemonía absoluta.
El MAS no ha ocultado nunca su objetivo de refundar el país. Desestima la República, sus instituciones, su historia. Tiene reservas sobre la democracia representativa, la independencia y equilibrio de los poderes del Estado. Ha dicho varias veces que del gobierno se debe pasar a la toma del poder, explícitamente definida como el control de todos los poderes del Estado. Por eso, porque está seguro que éste es el momento de la verdadera independencia de los pueblos sometidos en la Colonia y en la República, presionó a los magistrados del Tribunal Constitucional hasta conseguir su renuncia y provocó, con eso, el virtual eclipse del organismo, por falta de quórum. Tiene cercado el Poder Judicial, en el límite mismo de su operabilidad. Desconoce a los Prefectos de la oposición y les niega los recursos necesarios para su gestión administrativa.
Pero, como ocurre en política, una cosa es la que quiere y otra la que puede hacer. Por eso, con flexibilidad táctica, ha hecho todos los cambios que las circunstancias le exigían, resultado de la correlación interna y externa de fuerzas, sin abandonar sus fines estratégicos. Mostró esa forma de operar en la aprobación de la Constitución. La cambió varias veces, saltó el marco de la Ley que estableció la Asamblea Constituyente y terminó negociando el texto final en el Congreso. Pero, una vez aprobada, tampoco se siente particularmente obligado a respetarla. Sigue siendo una etapa en el camino.
Es que, como ya se anotó antes, el gobierno del MAS es una democracia delegativa, en la que el mandatario asume que la obligación del cambio es mayor que la del respeto a la ley. Es una democracia de origen, pero de ejercicio claramente autoritario. Sin embargo, evita cuidadosamente romper la línea de legitimidad, de manera demasiado ostensible, para no perder la simpatía de los organismos internacionales y gobiernos latinoamericanos.
Por cierto, otra de sus características es el uso sistemático de la violencia, en la frontera de la represión. El número de muertos por el empleo de la violencia física, en varios enfrentamientos y operaciones políticas, se acerca al medio centenar, en distintos escenarios. En Cochabamba, en ocasión del intento de toma y posterior incendio de la Prefectura del Departamento. En Huanuni, en los enfrentamientos entre campesinos y cooperativistas mineros. En Achacachi y varias poblaciones del altiplano en linchamientos públicos, en aplicación de la justicia comunitaria. En Sucre, cuando se aprobó el texto de la Constitución en un cuartel militar, rodeado por una población enfurecida por la muerte de ciudadanos en la represión gubernamental. En Pando, en una operación militar y política fríamente calculada y ejecutada, con la movilización de grupos de activistas para provocar la lucha armada y derrocar a una autoridad elegida por voto democrático y mandato ratificado por referendo.
Pero, además, el narcotráfico y la corrupción han comenzado a dejar huellas en un gobierno que llegó con el mandato de poner fin a la acción depredadora de los políticos.
Su base política central es el movimiento cocalero del Chapare, del que el Presidente no se desvinculó nunca. Ese dato no auguraba nada positivo para la erradicación de la hoja de coca, pero cuando el gobierno resolvió expulsar a la DEA, al costo de una seria confrontación con Estados Unidos, quedó claro que se levantaba otra barrera para esa actividad, como efectivamente ocurrió. Desde entonces, la producción ha vuelto a crecer y se supone que la superficie cultivada de coca ya llega a 20.000 hectáreas, de las 5.000 en las que estuvo en 2001. No llega a los niveles de 1998, de 40.000 hectáreas, pero en esa dirección van las cosas. Pero tal vez lo más inquietante sea la participación de las comunidades y sindicatos campesinos en el tráfico de drogas y en el contrabando. Ya se han producido varios enfrentamientos entre comunidades de las fronteras y fuerzas policiales y hay indicios de la presencia de dirigentes sindicales en operaciones de tráfico de pasta y concentrados de cocaína. No es que los narcotraficantes y contrabandistas sobornen a las autoridades de la comunidad o del sindicato, sino que, en muchos lugares, estas organizaciones han asumido la actividad delictiva, con el apoyo o por lo menos la complicidad de la colectividad. Este será un problema de connotaciones gravísimas. Abre un espacio de legitimidad social para la delincuencia. Pesará mucho en la política de erradicación del tráfico de drogas en el futuro, por que esas acciones se presentarán como medidas represivas de carácter político, contra los sectores rurales.
El asesinato de un empresario a plena luz del día, en La Paz, permitió descubrir una enorme red de corrupción en YPFB, encabezada por el segundo hombre en la línea de mando político de ese partido. El crimen puso al descubierto una operación de soborno por un proyecto de un valor cercano a 65 millones de dólares. Más tarde, se llegaron a identificar cuatro o cinco operaciones de valor menor, bajo la misma dirección. El Gobierno, luego de unos primeros momentos de vacilación, actuó con energía y usó todo su poder para encarcelar al principal sindicado. Pero el daño ya había sido hecho. Se había desgarrado una de las principales banderas del MAS.
La oposición.
No es posible hablar de una oposición al MAS, sino de varios núcleos de resistencia, que defienden como pueden sus intereses directamente afectados.
Los partidos políticos, perdido el contacto con la realidad, aturdidos por el ejercicio del poder, no registraron las señales que anunciaban la exigencia de cambio y se desplomaron en medio de la repulsa ciudadana. Tuvieron muchos aciertos – al fin de cuentas garantizaron veinte años de libertad y respeto a las instituciones --, pero no interpretaron correcta y oportunamente la emergencia de las demandas de autonomía e inclusión social y fueron barridos por esas grandes fuerzas. Su colapso no sólo facilitó la inesperada victoria del MAS, que casi se limitó a ocupar el vacío que dejaron en su caída, sino que dejó un hueco de organización y estructuración política, que no se ha podido llenar todavía.
Sus restos desperdigados se han tratado de nuclear en agrupaciones ciudadanas, formadas en torno a sus principales figuras, muchas de ellas de impecables credenciales políticas y morales, pero marcadas por el estigma de su cercanía a los partidos tradicionales. Las escasas personalidades nuevas tampoco han logrado afirmar una presencia sólida. Pero no los afectan solamente los vicios del pasado, sino la conducta y errores del presente. Los separa más la sobreestimación de su propia importancia (que no coincide en absoluto con la realidad de los números) que diferencias de principio o de propuesta. Unidos podrían conformar una fuerza respetable. Separados, aportan poco.
Pareció que su lugar lo ocuparían los Prefectos Departamentales, que recibieron mandato simultáneo al que obtuvo Evo Morales en las elecciones de 2005. La bandera autonómica, que interpretaba una reivindicación histórica de los departamentos orientales y su defensa frente al intento de avasallamiento de la Asamblea Constituyente, fortaleció su rol y afirmó su liderato regional. Se probó que cada región podía montar una resistencia sólida a las ataques del MAS y, por un momento, pareció que habían contenido y debilitado efectivamente la autoridad del gobierno central. Los referendos autonómicos la organización de CONALDE, en la que confluyeron Prefectos y Comités Cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, marcaron el punto más alto de su trayectoria, con el desafiante apoyo que recibieron de su electorado.
Sin embargo, no lograron articular una propuesta nacional, que fuera más allá de su planteo de autonomía, como si el mundo comenzara y concluyera en sus territorios. Lograron poner al gobierno en la defensiva, al punto que Evo Morales tuvo que salir a buscar fuera la solidaridad que no encontraba en el país, pero se detuvieron en la defensa de sus intereses inmediatos. En muchas ocasiones, pareció como si todo lo que quisieran fuera impedir que se aprobara una nueva Constitución, sin importar cual fuera su texto. O, peor aún, que fracasara la gestión gubernamental. La ausencia de perspectiva nacional, la falta de propuesta republicana, del conjunto, fue su debilidad estratégica. Y los errores tácticos, que se desprendían de esa carencia básica, terminaron por restar iniciativa y fuerza al movimiento autonomista.
Ambas fuerzas de oposición –políticas y territoriales-- no están desprovistas de simpatía ciudadana, sin embargo. Las apoyan las clases medias de las ciudades, que, luego de inclinarse inicialmente por el MAS, han tomado distancia de ese proyecto, por más de una razón. Fueron ofendidas por el sectarismo y el desprecio por los símbolos de la historia republicana y el plan de desmantelamiento de las instituciones republicanas para sustituirlas por otras, vagamente vinculadas a la mitología aymara. Las encuestas registran su rechazo al intento de desconocer el nombre histórico de República de Bolivia y reemplazarlo por el del Estado Plurinacional. Son notorias las señales de desencanto por los hechos de corrupción de figuras de alto nivel del gobierno y la molestia por la abierta subordinación del Presidente y las autoridades nacionales a mandatarios extranjeros. Tampoco puede pasarse por alto el impacto, en esas clases sociales, de la ruptura estatal con la liturgia católica y los ataques al Cardenal y a la Iglesia boliviana. Hay gremios que se sienten particularmente agredidos, como el de los periodistas.
Pero esa simpatía no tiene solidez, no la une la organización o el programa, sino un sentimiento indefinido e impreciso. Cuando tenga consistencia y responda a un propósito político definido, será, sin duda, una fuerza de consideración, capaz de proyectar su influencia en los sectores populares urbanos y en las áreas rurales próximas a las ciudades. Las ciudades son, al fin de cuentas, el centro dinámico de las sociedades modernas, el punto en que se generan ideas, se administra la economía, se definen las líneas estratégicas.
Este archipiélago opositor ha cometido errores catastróficos para sus planes.
Tal vez el más importante, porque cambió el curso de los acontecimientos, fue la sorpresiva decisión de PODEMOS de dar curso a la convocatoria de los referendos revocatorios de mandato del Presidente de la República y los Prefectos de Departamento. Se dio ese paso por un cálculo político simple y, por cierto, equivocado. Resentida por la importancia que habían adquirido los Prefectos y los Comités Cívicos, la dirección política quiso recuperar el protagonismo perdido, por este medio. Como consecuencia, el frente opositor territorial perdió las Prefecturas de La Paz y Cochabamba y el MAS pudo salir de una situación crítica para retomar la iniciativa. Pero la oposición político-partidaria no sacó ningún beneficio de esta jugada. Perdió todo sustento en las regiones de la media luna y sembró la semilla de su propia disolución.
La decisión de Prefectos y Comités Cívicos de ocupar las oficinas del Estado en esos departamentos, ejecutada en algunos casos por grupos de choque, sirvió para que el gobierno denunciara la puesta en marcha de un golpe de estado “prefectural” o “cívico” y lo utilizara en su campaña internacional, como prueba de las intenciones separatistas del movimiento cívico, aunque ambos fines fueran incompatibles entre sí. O se buscaba el poder nacional o se afirmaba la línea secesionista, pero no ambos propósitos a la vez.
El descubrimiento y desarticulación posterior de un grupo paramilitar, comandado por un grupo de mercenarios extranjeros, más allá del procedimiento mismo de la operación (que incluyó el asesinato a sangre fría de los cabecillas), prueba que una parte de la dirección cívica de Santa Cruz cometió la inexplicable torpeza de organizar un brazo armado propio, para defenderse de los ataques de los movimientos cívicos, en el mejor de los casos, o para empezar una guerra de secesión, en el peor.
El resultado neto de esos errores ha sido la pérdida de autoridad y el desbande de CONALDE, víctima del sentimiento de culpa en el liderato cruceño.
Pero, más allá de esos errores de conducción, la oposición muestra deficiencias sustanciales.
La primera. No tiene pueblo. Las partidos y las organizaciones de las clases medias de las ciudades, han perdido contacto y sustento en las áreas rurales y en los sectores populares del país. Estos grupos, cansados de servir de escalera a los partidos tradicionales, han volcado su apoyo al proyecto del MAS, de manera consistente y masiva. A pesar de que fueron las libertades democráticas las que les permitieron organizarse, tomar conciencia de su fuerza propia y romper con su marginación, estos grupos parecen sentirse cómodos en una estructura vertical y clientelar.
Y esto marca toda la diferencia.
La segunda. No tiene mensaje ni proyecto. Durante las dos décadas de democracia, los partidos y los intelectuales debatieron el modelo económico –neoliberalismo o cepalismo-- , ya que veían la estructura social y política como un dato inconmovible. Pero no era así. Y cuando el MAS dejó de discutir los problemas de la inflación o del déficit y puso sobre la mesa temas existenciales, como la propia estructura del Estado y la sociedad, los partidos tradicionales encontraron que no tenían ideas ni propuestas alternativas.
Corresponderá a otras fuerzas encontrar ese mensaje. Por cierto, el legado de las instituciones republicanas, el derecho de elegir libremente, de organizarse sin temor a la represión, de participar creativamente en la generación de riqueza, de autogobernarse en los niveles municipales y departamentales, es el punto de partida de una visión renovada del país, a la que, sin duda, falta un mensaje confiable de inclusión de los sectores hasta ayer relegados.
Correlación de fuerzas.
El Referendo Constitucional de enero de 2009 es un buen punto de referencia para examinar la actual correlación de fuerzas entre los dos bandos. El del gobierno y el de la oposición.
En esa ocasión, a la luz de los resultados oficiales, el Sí ganó con el 61% de los votos y venció en cinco departamentos (La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca). El NO recibió el 39% de los sufragios y salió en primer lugar en cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando).
De esa manera, el Gobierno superó por muy poco la barrera del 60% y evitó que el NO ganara en una mayoría de Departamentos.
Esa es la verdad oficial. La verdad verdadera debe situar esa correlación con una mayoría del Gobierno con una votación entre 56 y 58% de los votos y victoria en cuatro departamentos y el NO con un apoyo entre el 44 y 42% de los sufragios y mayoría en cinco departamentos.
Hubieron otros datos que registrar.
El voto del NO ganó en todas las ciudades del país, con excepción de La Paz y El Alto.
El MAS redujo su votación en todos los Departamentos.
Se reforzó la legitimidad del liderato de los Departamentos de la media luna, ya que las votaciones del NO superaron el 60% en sus jurisdicciones. Es decir, esa dirección se recompuso luego del serio golpe del referendo revocatorio.
La oposición y varios medios denunciaron fraude masivo, apoyándose en numerosas irregularidades, pero sobre todo en enormes dudas sobre la limpieza del Padrón electoral.
Creo que es más apropiado decir que el Gobierno manipuló los factores electorales, de manera selectiva y focalizada, con el fin de conseguir los cuatro o cinco puntos que necesitaba para alcanzar sus dos objetivos centrales: que el SI recibiera más del 60% de los sufragios y que ganara en una mayoría de Departamentos.
Con ese propósito, movilizó todos los instrumentos políticos, financieros y sindicales a su alcance para blindar su voto rural en occidente. Ganaría de todos modos, porque sin duda su núcleo duro de apoyo es de esas poblaciones. Pero era necesario maximizar la ventaja. Y para conseguirlo, negó el ingreso de la oposición a esos lugares; forzó la inscripción masiva de todos los electores y se aseguró que la votación positiva superara el 90% en todas las mesas (hubo 291 en las que pasó el margen del 95% y 60 en las que llegó al óptimo del 100%). De esa forma, después de casi cuarenta años, hubo mesas en las que se volvió a la democracia del cero de los años cincuenta del siglo pasado.
El objetivo táctico en los departamentos de la media luna, se concentró también en las áreas rurales. Pero su objetivo era un poco diferente. Disminuir el porcentaje de votación del NO y ganar en uno o dos Departamentos. Con ese fin aumentó sustantivamente la inscripción en las zonas rurales y a partir de esa posición buscó ganar Pando o Chuquisaca. Falló en Pando, pero consiguió su objetivo en Chuquisaca, por un margen muy pequeño.
En dos palabras, el Padrón Electoral se abultó en las zonas rurales, en perjuicio de la transparencia del voto en esas zonas, en las que, repito, el MAS tenía cómoda mayoría.
No parecen haber señales de operaciones semejantes en las zonas urbanas, salvo las irregularidades habituales de los procesos electorales.
A partir de esos resultados, la oposición presionó para limpiar el Padrón Electoral y, luego de una intensa confrontación, se acordó que las elecciones de diciembre de 2009 se llevarían a cabo con un nuevo Padrón Biométrico, en cuya preparación la Corte Nacional Electoral avanzó de manera ejemplar.
Ese Padrón Biométrico y la recuperación de la independencia de la CNE son dos avances importantes. Pero esta vez las autoridades electorales y los partidos en competencia deben mirar más de cerca las prácticas selectivas que se utilizaron en el Referendo Constitucional, porque allí puede estar la clave real de los resultados concretos de las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre y, más adelante, en abril, de los Gobiernos Departamentales.
Elecciones de diciembre.
Las elecciones del 6 de diciembre se anticipaban como fáciles para el MAS, tanto por el nivel de aceptación del Gobierno, que mostraban las encuestas, como por la dispersión de los grupos de oposición.
En un primer momento, la dirección cívica de Santa Cruz pensó que un paceño debía encabezar la fórmula presidencial, ya que lo que importaba era penetrar en el blindaje occidental del gobierno, una vez que, en sus cálculos, los departamentos de la media luna –Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando y Tarija--votarían contra el MAS, de todas maneras. Las conversaciones que se convocaron con el propósito de nombrar una sola fórmula de oposición fracasaron.
En esas circunstancias, los ex Prefectos de La Paz, Cochabamba y Pando, José Luis Paredes, Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández, anunciaron las candidaturas de los dos últimos a la Presidencia y Vicepresidencia. Recibieron el apoyo de las organizaciones cívicas y políticas de Beni, Chuquisaca y Tarija. Germán Antelo y Jorge Quiroga retiraron sus postulaciones. Samuel Doria Medina y René Joaquino mantuvieron las suyas. Las perspectivas electorales cambiaron.
En esencia, lo que ha ocurrido es que los lideratos políticos regionales, que habían resistido la presión del Gobierno, se reagruparon y reconstruyeron la alianza de la llamada media luna. La candidatura es nacional, pero las listas de parlamentarios son elaboradas en cada departamento por las organizaciones cívicas regionales. Por cierto, para ellos la campaña continúa hasta las elecciones prefecturales y municipales del 2010.
La composición regional de la candidatura también es interesante. La integran un cochabambino y un pandino, para salir de la dicotomía cruceño-paceña, que domina el debate regional. No tienen una plataforma ideológica, salvo las referencias a la autonomía, la democracia, la independencia de los poderes y la institucionalidad republicana. En su perspectiva, no es una contienda entre derecha e izquierda sino entre dictadura y democracia. Su verdadero propósito es frenar la consolidación del régimen centralista.
De esa manera, se vuelven a enfrentar las dos grandes corrientes políticas de este momento, las que representan a las corrientes autonómicas de oriente y el sur y las que encabezan los movimientos sociales y populares de occidente. En esa contienda de poder, es difícil que encuentren espacio propuestas electorales económicas o de reconciliación, como las que plantean otros candidatos.
Si se toman como base de partida los resultados del referendo constitucional, hay un 40 a 45% de la población que se opone al Gobierno, principalmente en los centros urbanos. La campaña se anuncia polarizada, lo que quiere decir que disminuirán las posibilidades de las otras candidaturas, que, en ese escenario, podrían alcanzar un 5% cada uno. Si es así, el frente opositor puede reunir entre el 30 y 35% de los votos, suficientes para impedir que el gobierno alcance la meta propuesta de los dos tercios.
Aparece como una perspectiva razonable que cuatro o cinco Prefecturas se mantengan en manos de la oposición y se confirme la tendencia urbana con avances de la oposición en las ciudades de Cochabamba y La Paz. La hipótesis improbable de que la candidatura oficial no alcance el 50% en la primera vuelta, haría necesaria una segunda vuelta.
Reflexiones finales.
Al terminar estos apuntes, queda la impresión de que algo no cuadra entre las tendencias que resultan de los cambios en la estructura de la sociedad boliviana y los rasgos más destacados de la coyuntura política.
Cuanto más se reflexiona, tanto más clara queda la convicción de que, tarde o temprano, se impondrán las tendencias estructurales sobre los eventos de la coyuntura y que el sello de la cultura y las expresiones políticas de las clases medias y los sectores populares urbanos terminará recuperando su importancia; que el sistema republicano de igualdad e independencia de los Poderes del Estado vencerá los desafíos que lo amenazan; que se afirmará el predominio del régimen de descentralización y autonomías sobre el sistema de centralización estatal y que, finalmente, el eje de la relación externa de Bolivia descansará en una estrecha vinculación con los países vecinos, muy en especial en Brasil.
En efecto, no parece posible que la de la población rural imponga su hegemonía cultural y política, en un país en el que la mayoría de los ciudadanos –cerca de los dos tercios— habita en los centros urbanos. La perspectiva de que el proyecto político caudillista prevalezca sobre el sistema republicano de equilibrio e independencia de los poderes, está claramente a contrapelo de la modernización de la sociedad boliviana y latinoamericana. Será muy difícil sostener un sistema centralista, que mantenga el centro del poder económico y político en la vertiente andina, más concretamente en La Paz, cuando las principales fuentes de producción se encuentran en las zonas orientales y el sur de la República, que levantan las banderas de las autonomías departamentales. En algún momento se recompondrá el sistema político, con partidos que articulen los diferentes intereses de los grupos sociales y regionales de la nación boliviana y organización la competencia de esas posiciones en el marco de un régimen democrático plural y libre. Los antecedentes históricos y los intereses nacionales permanentes de la República, que descansan en la relación con Brasil, Argentina, Chile y Perú, afirmarán su preponderancia sobre una política exterior de coyuntura y de corto plazo, que privilegia las afinidades políticas, con países como Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Irán.
En esa dirección se orientan las tendencias históricas y en ese sentido se encaminarán las reformas del sistema político de la República.
